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COMUNICADO PÚBLICO

Desde hace catorce años COFAVIC viene monitoreando la situación de los
derechos humanos en Venezuela, investigando de manera independiente más de
doscientos setenta casos, capacitando a sectores claves de la sociedad y del
estado venezolano y promoviendo una mayor conciencia sobre los principios y
las obligaciones que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

En este último año, hemos recibido más de 120 denuncias y asumido 62 de
estas por ser relativas a gravísimas violaciones de los derechos
fundamentales. También hemos sistematizado información en cuatro estados del
país sobre las actuaciones de grupos parapoliciales y la impunidad con la
que han contado estos actores en la ejecución de sus crímenes.

Ante la situación actual, estimamos de primera importancia que la comunidad
internacional se mantenga vigilante ante los serios riesgos que enfrentan
los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Apreciamos muy
particularmente las gestiones y respaldos, durante el proceso de
facilitación, que varios países democráticos e instituciones internacionales
han dado a las gestiones emprendidas por el Excmo. Secretario General de la
Organización de Estados Americanos, concretadas en la instalación de la
"Mesa de Negociación y Acuerdos".

COFAVIC considera que:

1. En Venezuela se ha venido debilitando de manera progresiva y
seriamente preocupante, el Estado de derecho. Un elemento desencadenante de
esta situación que afecta directamente los derechos humanos es la evidente
falta de independencia y de confianza de instituciones cruciales para la
pervivencia del régimen democrático, como lo son la Fiscalía General de la
República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República
y el Poder Judicial. Estas instituciones, asimismo, han venido siendo objeto
de intromisiones por parte de algunas altas autoridades del Poder Ejecutivo,
que distorsionan y presionan sobre la fase preliminar de las investigaciones
policiales y judiciales. Por ello, resulta imperativo que la Asamblea
Nacional inicie un proceso serio, transparente y acorde con lo establecido
en la Constitución Venezolana que culmine con la designación del Poder
Judicial y Ciudadano.

2. La impunidad se ha profundizado notablemente protegiendo sistemática y
férreamente a los que cometen crímenes contra los derechos humanos. Esto
queda demostrado ante la falta de resultados concretos en las
investigaciones iniciadas a raíz de los sucesos de abril, hostigamientos
permanentes contra comunicadores sociales y defensores de derechos humanos y
de los asesinatos y actos de amedrentamiento que cometen con absoluta
impunidad grupos parapoliciales en nueve estados del país. Por ello resulta
de primera importancia que se realicen investigaciones judiciales y
administrativas de manera independiente y confiable. En estas
investigaciones deben cumplirse estrictamente las normativas internacionales
previstas y, dadas las circunstancias actuales, debería ineludiblemente
contarse con el auxilio de expertos internacionales.

3. En instancias judiciales de primer nivel se ha venido generando una
serie de jurisprudencia regresiva para la protección de los derechos humanos
y que menoscaba abiertamente la vigencia plena del Estado de Derecho.
Ejemplos de esta situación los configuran las sentencias de la Sala
Constitucional sobre conflictos de autoridades entre la Alcaldía Mayor de
Caracas y el Ministerio de Interior y Justicia del 16 de diciembre de este
año y la medida cautelar innominada dictada en el caso del conflicto
petrolero en fecha 17 de diciembre. Según la primera decisión, cualquier
componente de la Fuerza Armada podría asumir funciones de orden y público y,
en el segundo dictamen, por su ambigüedad, se conduce a interpretaciones
completamente contrarias a las garantías individuales, como sería la
posibilidad de privación de libertad por parte de autoridades
administrativas sin orden judicial y la imposición a particulares de trabajo
forzado. En los estados democráticos existe un núcleo intangible de derechos
que no pueden ser suspendidos en circunstancia especial alguna, ni bajo un
estado de excepción ni en caso de guerra, tal y como lo establecen los
principales instrumentos de protección de los derechos humanos, la doctrina
y la jurisprudencia universal e interamericana. Entre estos derechos no
suspendibles se encuentran el derecho a la vida, integridad personal,
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prohibición de
esclavitud y servidumbre, principio de legalidad e irretroactividad,
libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derecho al
nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos
así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos. Bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera durante la
vigencia de un Estado excepción, un gobierno democrático está facultado para
exigir el trabajo forzoso, lesionar la autonomía de los poderes públicos ni
reducir las garantías judiciales, previstas en la Constitución venezolana y
en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos
suscritos y ratificados por la República. De darse estas circunstancias las
instancias internas deberían iniciar de oficio las investigaciones
conducentes y si esto no se ejecuta se allana de manera expedita la vía de
acceso y uso de las instancias internacionales.

4. En el mes de diciembre, se han venido realizando detenciones
arbitrarias que constituyen una clara violación del debido proceso y de la
protección judicial que están consagradas en los principales instrumentos de
derechos humanos que ha suscrito y ratificado la República. Estas
detenciones han violado la obligación del juez natural y de un acceso rápido
y razonable a una defensa justa. Estos hechos deben ser investigados con
autonomía y firmeza por parte de los órganos competentes. El debido proceso
es también un pilar fundamental del estado de Derecho, por lo que la lesión
a éste no sólo afecta a las víctimas directamente sino que es una afrenta al
régimen democrático. Ningún ordenamiento administrativo ni ningún acto
judicial puede, en un Estado democrático, vulnerar las garantías judiciales
a que tienen derecho todas las personas sin discriminación alguna.

5. En este último trimestre de manera preocupante se han agudizado los
ataques contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos, entre estos hechos
destacan los ataques sufridos por el reportero Luis Alfonso Fernández, quien
está bajo protección especial por medida cautelar de la CIDH y el técnico
José Antonio Dávila, cuando estos cumplían con su trabajo en Chuao, el
pasado 3 de diciembre. La libertad de expresión es un derecho que debe ser
respetado integralmente por parte del Estado venezolano. Estos delitos se
han ejecutado con agresiones personales, actos de hostigamiento, saqueos y
destrucciones de medios de comunicación. Crímenes que no sólo afectan a las
víctimas directas sino que configuran un delito contra toda la sociedad
venezolana.

6. Asimismo, se han repetido crímenes cometidos por personas civiles
armadas que han gozado de total impunidad y que se han ejecutado bajo la
modalidad de violencia política. Ejemplo de esto son los asesinatos y
heridos acaecidos en el casco central de Caracas, el pasado 4 de noviembre,
y el 6 de diciembre en la Plaza Altamira, como el es el caso de la joven
Keyla Guerra asesinada en ese lugar. El Estado Venezolano según el Derecho
Internacional de los derechos Humanos está obligado a investigar y castigar
a los responsables de estos gravísimos delitos.

7. También, en este último trimestre se han reprimido con un claro uso
desproporcionado de la fuerza pública manifestaciones civiles de carácter
pacífico. Luego de estos hechos nadie ha sido castigado ni las víctimas han
sido reparadas por los órganos competentes. Resultan ilustrativo de esto los
casos de los Sres. Miguel Eduardo Sucre, Omar Padrón y Alfredo Ramírez,
seriamente lesionados en Chuao el pasado 3 de diciembre; así como la
detención ilegal y maltratos físicos sufridos por Francisco Peña y Carlos
Carmona en Prados del Este el mismo día 3 de diciembre.

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado, este año,
12 medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad
personal y libertad de expresión, entre otros, de defensores de derechos
humanos, comunicadores sociales, diputados, víctimas de los sucesos del 11
de abril, así como de testigos y familiares de las víctimas de grupos
parapoliciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera
vez en la historia en el caso de Venezuela, ha dictado tres medidas
provisionales dada la urgencia y el extremo riesgos de las víctimas
favorecidas. Sin embargo, el Estado venezolano de manera sistemática ha
venido incumpliendo sus obligaciones interamericanas. En ninguno de estos
casos se ha castigado a los responsables y en lo relativo a las medidas
provisionales, luego de un mes de la resolución de la Ilustre Corte, ni
siquiera el Estado venezolano ha cumplido con la protección policial
adecuada y demás medidas mínimas de protección a las víctimas. En el caso
concreto de una de las víctimas, el Sr. Luis Uzcátegui, luego de la
resolución de la Corte Interamericana fue arbitrariamente privado de su
libertad y se han incrementado las amenazas que ha venido sufriendo sin que
el estado ofrezca un signo mínimo de acatamiento de estas importantes
decisiones interamericanas. La sentencia dictada por la Corte Interamericana
en el caso del Caracazo, el pasado 8 de agosto, que obliga a Venezuela a
ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del
orden público a las exigencias del respeto y protección de los derechos
humanos, ha sido también desacatada reiteradamente por el Estado venezolano.
Asimismo, rechazamos de manera categórica que el Estado venezolano hoy
públicamente haya asimilado las facultades de la Comisión y de la Corte
Interamericana a las recomendaciones que provienen de las organizaciones
no-gubernamentales internacionales. Lo órganos rectores del sistema
interamericano tienen plena competencia consultiva y contenciosa en materia
de derechos humanos para la República y sus decisiones son inapelables y de
obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Poder Público. El Estado
está obligado a cumplir los tratados internacionales de buena fe según los
principios generales del Derecho Internacional y no puede excusarse en
razones de conveniencia o simpatía política para aplicar o no un tratado
internacional.

9. Venezuela vive una creciente intolerancia política que ha degenerado
en gravísimos actos de violencia. Todos los que vivimos en este país debemos
hacer esfuerzos sostenidos para recuperar la concordia y la pervivencia de
espacios democráticos. Por ello esta COFAVIC invita a la colectividad a
acompañarnos en esta reflexión promoviendo activamente la tolerancia y la
solidaridad, principios esenciales de la convivencia humana y de los
derechos humanos. Todas las personas, sin distinciones de raza, credo,
origen social o condición política deben ser respetadas en condiciones de
igualdad. Nadie tiene derecho a repudiar impunemente a otro y a perturbar su
vida familiar. Si existen discrepancias de carácter político, éstas deben
exponerse en un ambiente de diálogo democrático y bajo la premisa esencial
del respeto que merecemos todos los seres humanos. Por todo lo anterior, nos
permitimos exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana, muy
especialmente a las Asociaciones de Vecinos, su valiosa mediación a fin de
que cese cualquier acto de hostilidad contra cualquier familia que detente
ideas políticas diferentes a las de alguna parte de los vecinos. Ese sería
un paso fundamental para reafirmar el carácter democrático de quienes están
participando activamente en el plano político y configuraría un signo
inequívoco de que el deseo mayoritario de los venezolanos sin distinción
alguna es procurar la paz y fortalecer la democracia.

Por todo lo expuesto instamos firmemente al Estado venezolano a enmarcar sus
acciones y políticas dentro de los principios y obligaciones contenidas en
los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, como base fundamental del régimen de libertades públicas. El
respeto y la garantía de los derechos constituyen una obligación indivisible
e ineludible para los Estados democráticos. Asimismo, exhortamos a los
diversos sectores de la sociedad venezolana a promover un clima de mayor
concordia y tolerancia, respetando la diversidad política y actuando bajo
los parámetros que ofrecen nuestra constitución y el régimen democrático en
general.

Reina Martínez

 
 
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